El acuerdo alcanzado la madrugada del martes en Bruselas para desbloquear el segundo rescate de Grecia supone una inyección reanimadora para Atenas, pero también implica una dosis de cierta tranquilidad -al menos de carácter temporal- para sus socios europeos. La aprobación del paquete de 130.000 millones de euros a cambio de una fuerte cesión de soberanía fiscal por parte del país no resuelve definitivamente la cuestión griega, pero sí proporciona más tiempo. Una incierta tregua cuya duración y solidez depende en buena parte de los mercados y de cómo perciban esta nueva vuelta de tuerca sobre el Ejecutivo heleno, pero cuya gestión -provechosa o no- está directamente vinculada a la voluntad política de Europa. En ese sentido, y dado que no parece que una solución definitiva al problema que supone Grecia esté hoy mucho más cerca que ayer, la atención de los líderes europeos debería concentrarse al menos en resolver otra importante asignatura pendiente: la ampliación y flexibilización de los fondos europeos de rescate. En principio está previsto que el tema sea tratado en el seno de la próxima cumbre europea, en la que se intentará dotar a la iniciativa de impulso político suficiente para terminar de ultimarla en los meses previos al verano. Se trata de un proyecto ambicioso, urgente y necesario, cuyo fin es proteger la zona euro a través de una red de seguridad financiera lista para actuar ante posibles situaciones de emergencia. El modelo no está pensado tanto para coyunturas agónicas como la que está viviendo Atenas -que supone un caso extremo- como para problemas de liquidez o posibles ataques especulativos que puedan desestabilizar las economías poco robustas, como es el caso de España o Italia.